Artículo originalmente publicado el 22 de febrero de 2021 en la revista Capital Privado 

Según la última encuesta publicada por el Global Impact Investing Network (GIIN) sobre la situación de la inversión de impacto a nivel mundial, “el 15% de los encuestados probablemente comprometa más capital para inversiones de impacto en 2020 como resultado del COVID-19”. Esto es más relevante si se toma en consideración que en esta edición la encuesta registró su récord de participantes, con un total de 294 organizaciones que gestionan un volumen de aproximadamente 404.000 millones de dólares en activos financieros de impacto.

La pandemia representa un desafío para la inversión de impacto ya que debe demostrar su capacidad de adaptar sus expectativas de rentabilidad esperada y plazos de retorno a la nueva situación para no perjudicar la adicionalidad y sostenibilidad de sus actuaciones a largo plazo. En suma, supone una “prueba del algodón” que va a discriminar algunas de las iniciativas y va a contribuir a limitar las tentaciones del llamado impact washing de algunos inversores que, atraídos por la imagen positiva de la inversión de impacto, se han acercado en los últimos tiempos al ecosistema.

Los resultados de la encuesta del GIIN indican que, en general, los inversores de impacto están afrontando esta crisis con bastante flexibilidad, limitando los eventuales incumplimientos de sus prestatarias mediante la renegociación de los términos de sus financiaciones, aportando fondos adicionales para sostener a sus participadas o financiadas, y ajustando temporalmente sus expectativas de rendimiento a largo plazo, para no dañar o comprometer la viabilidad de sus socios

Sin embargo, la crisis ha puesto en evidencia, más aún si cabe, la necesidad de continuar atrayendo a los financiadores privados hacia la inversión de impacto para poder alcanzar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. La nueva realidad presupuestaria a la que se van a ver abocados muchos países va a limitar los recursos públicos disponibles para continuar financiando las ingentes necesidades de existentes. La UNCTAD ha estimado que la consecución de la Agenda 2030 y los ODS presentan un gap en su financiación de más de 2,5 billones de dólares anuales. Esta brecha exige, por tanto, contar con el sector privado para aportar los fondos adicionales que permitan aportar la financiación necesaria.

Para la consecución de la atracción de capital privado a la inversión de impacto van a ser necesarias dos actuaciones clave. Por un lado, la mejora, objetivación y adopción de estándares comunes de lo que se entiende como impacto y lo que no lo es, para evitar la tentación de blanqueo de actividades que pueden tener algunos inversores bajo el paraguas del “impacto”. Por otro, la actuación directa y decidida del sector público para la provisión del suficiente confort y atractivo a los inversores privados mediante medidas, tanto directas -facilitación de capital paciente, o con un perfil de riesgo superior al del inversor privado y subvenciones directas- como indirectas -mejoras del tratamiento fiscal de este tipo de inversiones o incentivos a la misma-.

La promoción pública de la inversión de impacto mediante mejoras del perfil de riesgo de éstas es clave porque, según la encuesta del GIIN, un 70% de los inversores consideran el atractivo financiero «algo importante» en relación con otras inversiones y hasta un 88% indicaron que sus inversiones de impacto han cumplido o sobrepasado sus expectativas de retorno. Entre todos los actores públicos clave, seguramente la Comisión Europea se configure como el principal, por su ingente capacidad para aportar contribuciones de un perfil de riesgo superior o/y donaciones al objeto de atraer inversores privados. En el inicio del nuevo marco presupuestario septianual de ésta, con el telón de fondo de la pandemia, se hace aún más crítico la necesidad de comprender las prioridades sectoriales y geográficas que se van a incorporar en el proceso de programación presupuestario de la Comisión Europea, al objeto de poder atraer los mayores recursos posibles del nuevo presupuesto hacia los programas y proyectos de mayor interés estratégico-económico para España. Para esto es fundamental que las instituciones españolas acreditadas para el manejo del presupuesto comunitario se coordinen y adopten una estrategia común, que permita presentar un discurso estructurado y con una lógica de fondo.   

José Carlos Villena es director adjunto de Alianzas para el Desarrollo de COFIDES