Miguel Ángel Ladero, Director Adjunto del Área de Inversiones.
Madrid, 24 de agosto de 2020.
La actual crisis causada por el COVID-19 está teniendo consecuencias graves sobre el tejido productivo español afectando a empresas de todos los tamaños y sectores, aunque no siempre con el mismo alcance. Si bien, en un primer momento, las consecuencias de la crisis COVID-19 se ligaban, en un contexto de absoluta emergencia, a un deterioro rápido de la liquidez de las empresas, lo cierto es que ahora, debido a la profundidad de su impacto, podemos prever que en muchos casos sus consecuencias se puedan llegar a agravar hasta impactar de forma negativa, ahora sí, en su solvencia.
Esta situación sobrevenida y extraordinaria hace necesario, y justifica, la creación de programas e instrumentos públicos de emergencia destinados a paliar los efectos negativos que se están ya generando sobre la economía y el mercado laboral en España. Unos instrumentos que permitan estabilizar y mantener la viabilidad y continuidad de aquellas empresas que, convenientemente reforzadas en su solvencia, dispongan de un plan a largo plazo factible y un modelo de negocio idóneo. No se trata, por tanto, de rescatar empresas no viables antes del estallido de la crisis COVID-19, sino de concentrar los recursos disponibles apoyando a las empresas con capacidad de sobrevivir tras este duro proceso y seguir compitiendo en el futuro, realizando así una gestión eficiente de los recursos públicos. Esta actuación de política pública extraordinaria contribuiría a asegurar la competitividad de la economía española y los puestos de trabajo en nuestro país, así como a mantener e impulsar la presencia y nivel de competencia de nuestras empresas en los mercados internacionales.
El Gobierno de España ha puesto a disposición de las empresas españolas un amplio abanico de instrumentos de deuda y garantías, fundamentalmente a través de los programas ICO, que han contribuido a paliar las tensiones de caja y pérdida de ingresos en el corto plazo, es decir de liquidez, especialmente de PYMES y autónomos.
Sin embargo, a la vista de la profundidad que esta crisis está alcanzando, estos instrumentos probablemente serán insuficientes para solventar los problemas de solvencia a los que estas pequeñas y medianas empresas se van a enfrentar. La inactividad de muchas empresas durante un periodo prolongado, y/o la reducción de la actividad durante las fases de desescalada y vuelta a la normalidad, llevarán a las mismas a pérdidas significativas, que tendrán como consecuencia un impacto negativo en sus balances, pudiendo llegar a desembocar, como ya se ha señalado previamente, en situaciones de insolvencia o, en otros casos, en la incapacidad para impulsar los nuevos planes de negocio necesarios para liderar la vuelta a la normalidad y su desarrollo futuro.
Ante esta situación, los países de nuestro entorno están comprometidos con el salvamento de sus respectivos tejidos productivos como una prioridad absoluta de la labor de gobierno. Por la alta definición de su contenido y la rapidez en su diseño –quedó aprobado en los últimos días del mes de marzo– destaca el plan puesto en marcha por el Gobierno alemán. Con un importe de 1,5 billones de euros, se sustenta sobre tres pilares, (i) ayudas directas para autónomos y micro PYMES, (ii) programa de financiación a largo plazo gestionado por el banco público Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), completado con un nuevo programa de apoyo a start-ups, y (iii) la creación de un gran fondo de estabilización para apoyar a las empresas con instrumentos diseñados para reforzar de forma directa los fondos propios de éstas.
Del estudio y análisis del modelo alemán, se observan una serie de características que pueden resultar de gran utilidad a la hora de diseñar un programa de apoyo para las empresas españolas en su proceso de recuperación tras la crisis COVID-19. Entre ellas, a parte de su volumen, debemos destacar:
- Responde a un planteamiento integral, que permite identificar con claridad absoluta cada uno de los instrumentos que la administración alemana ha puesto a dis- posición de sus empresas.
- Incorpora una visión amplia y de medio plazo; no sólo está pensado para enfrentarse al shock inicial de liquidez que se produce como consecuencia de la pa- rada de actividad productiva y el confinamiento de la población, sino que además incorpora desde su inicio los instrumentos financieros para hacer posible la financiación de nuevas inversiones para cuando se empiece a vislumbrar una salida a la crisis.
- Segmenta el tejido productivo atendiendo al tamaño de sus empresas, lo que le permite diseñar instrumentos y productos adaptados a las necesidades concretas de cada grupo.
- Prevé que, para la financiación ordinaria de las empresas, la gestión de los instrumentos de deuda senior descansa en las entidades comerciales, dejando la gestión de los instrumentos más complejos de equity y de cuasi-equity en el ámbito público, pero exigiendo al mismo tiempo alta cualificación en su gestión.
- Da preferencia a la utilización de instrumentos de deuda en sus diversas modalidades sobre inversiones en equity. La deuda más estándar (senior) es la preferida para las financiaciones ordinarias, mientras que las más complejas y sofisticadas (cuasi-equity o mezzanine) se utilizan para apoyar inversiones estratégicas o que requieran importante refuerzo de solvencia. Los instrumentos de equity, que requieren un análisis profundo y detallado, se reservan para casos que califica como “estratégicos”, así como en el marco del apoyo a las start-ups, funda- mentalmente tecnológicas o de máximo valor añadido a futuro (biotecnología, farma, ...). El concepto “estratégico” está relacionado con la protección de las empresas frente adquisiciones hostiles exteriores, mantenimiento de las cadenas de valor y de la adecuada competencia dentro de las mismas, o sectores claves para la economía nacional o de alto impacto en el empleo.
- Resulta especialmente reseñable el programa de apoyo a las start-ups tecnológicas y otras de sectores de máximo valor añadido, que fue anunciado por las autoridades alemanas el 30 de abril. Con esta medida especialmente diseñada para este sector, se asegura llegar a un segmento de empresas que, aunque por tamaño hoy por hoy son poco relevantes, constituyen uno de los grupos de empresas más importantes para asegurar la modernización y competitividad del tejido alemán en el futuro.
A la vista del modelo alemán y las enseñanzas que de su planeamiento se pueden extraer, se considera que el apoyo desde el ámbito público a la reconstrucción del tejido empresarial español sería aconsejable que se dotara de un planteamiento integral y con una perspectiva de medio plazo. Es decir, una concepción unitaria que permita a las empresas, desde un principio, conocer las posibilidades de financiación con las que cuentan. De esta forma las empresas podrán analizar sus necesidades, no sólo para su supervivencia inmediata, sino también sus necesidades de financiación para el futuro de medio plazo, pudiendo implementar sus planes de negocio, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. La internacionalización se revela, una vez más, como uno de los vectores fundamentales para conseguir una recuperación de sus principales variables de negocio y asegurar el crecimiento en los próximos años. Una adecuada diversificación geográfica y de mercados en los que operar, supone una protección natural ante episodios de crisis que, aunque puedan llegar a ser globales, no tienen por qué ser coincidentes exactamente en el tiempo ni impactar en todos los países con la mis- ma gravedad, como ha quedado patente en el caso de la crisis COVID-19. Por otro lado, este proceso de inter- nacionalización e implantación productiva en el exterior constituye además la mejor defensa ante futuras tentaciones proteccionistas de algunos Estados al producir directamente dentro de sus fronteras.
Esta visión unitaria y de medio plazo sería aconsejable que se plasmara en diversos instrumentos complementarios, coherentes con la estructura empresarial española. De forma que desde el sector público se ponga a dis- posición de las empresas, tanto PYMES como mediana y gran empresa, no sólo instrumentos de deuda convencional, sino también instrumentos de equity y cuasi-equity (deuda mezzanine, deuda subordinada, préstamos participativos, deudas convertibles,...) o financiación senior con valor añadido (amortizaciones esculpidas, bullet...), que refuercen los fondos propios y la solvencia de las compañías que tan deteriorados se están viendo como consecuencia de esta crisis y cuya estabilización es fundamental para asegurar la supervivencia futura de aquéllas.
* Artículo de opinión publicado originalmente en la revista del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el 24 de agosto de 2020.