José Luis Curbelo, Presidente de COFIDES; José Carlos Villena, Director Adjunto del Área de Alianzas para el Desarrollo de COFIDES; y Fernando Jiménez-Ontiveros, Gerente General del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) - AECID.
Madrid, 24 de junio de 2020.
La Agenda 2030 traslada el énfasis del objetivo de la lucha contra la pobreza a una óptica de desarrollo sostenible, haciendo hincapié en la contribución del sector privado al desarrollo. En este contexto, las inversiones de impacto están llamadas a jugar un papel crucial. Por “inversiones de impacto” se entienden aquellas que aspiran a generar un efecto positivo y medible sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y obtener un retorno financiero. Se estima que el mercado mundial de inversión de impacto supera los 500 millones USD e incluye a más de 1.300 inversores.
La presencia española en los foros e iniciativas internacionales, donde se definen las actividades y prioridades globales o se redactan los documentos operativos, como los “Principios para la Inversión Responsable”, es muy limitada. Hay sin embargo en nuestro país interesantes iniciativas privadas -Foroimpacto o Spainsif- que están intentado acortar la referida brecha reuniendo a los actores nacionales. En estas plataformas de encuentro se comparten los debates acerca de la inversión de impacto, tanto la que se destina a España como fuera de nuestras fronteras en el marco de la Cooperación al Desarrollo.
A pesar de los logros alcanzados por estas iniciativas, la expansión de la inversión de impacto en España no será posible sin el concurso de la iniciativa pública, que resulta imprescindible para movilizar la inversión del sector privado alrededor de objetivos sociales y medioambientales compartidos. Su participación debiera plasmarse en un marco regulatorio apropiado, así como compartiendo riesgos con los inversores privados y facilitando el necesario capital “paciente” y los recursos “blandos” para su movilización. Tres razones justifican incentivar la inversión privada de impacto desde el sector público:
1.- Lograr los objetivos de la Agenda 2030: Esto exige repensar la lógica de muchas iniciativas y recursos públicos para concebirlos como multiplicadores de los miles de millones de euros de origen privado necesarios para cumplir los ODS.
2.- Apalancar recursos de terceros: La restricción presupuestaria se verá acentuada en los próximos años por el impacto de la pandemia COVID-19 con la consiguiente menor disponibilidad de fondos para los sectores sociales y para las geografías más vulnerables. Para maximizar la participación de la inversión privada es imprescindible desplegar una política pública que busque activamente apalancar los recursos presupuestarios nacionales con otros de carácter multilateral (Unión Europea, Fondo Verde para el Clima, etc.)
3.- Innovación en los instrumentos financieros para la sostenibilidad y el desarrollo: Están evolucionando hacia un empleo menos intensivo del capital público -restringiéndose el uso de los instrumentos puramente no reembolsables como las donaciones- a favor de aquellos que suponen un menor impacto presupuestario, como las diversas modalidades de deuda o garantías, bajo esquemas de “financiación combinada”.
Por todo lo anterior, es deseable que las instituciones españolas comprometidas con el cumplimiento de los ODS y con proporcionar alivio a los más desfavorecidos -sea en España o en los países menos desarrollados- se impliquen de manera activa en el desarrollo del ecosistema nacional de inversiones de impacto. En este sentido, AECID y COFIDES han sido claves en la estructuración y lanzamiento reciente de un fondo de impacto español particularmente interesante. El Fondo Huruma, estructurado bajo un esquema de financiación combinada con la participación de la Unión Europea, será gestionado por una gestora privada (Gawa Capital) e invertirá en proyectos agrícolas de pequeñas empresas de los países en desarrollo. Con recursos superiores a los 100 millones de euros, combina donaciones para asistencia técnica con recursos públicos reembolsables españoles, capital para eventuales primeras perdidas de la UE y capital privado movilizado a través de un gran banco español. Los inversores aspiran a una rentabilidad positiva moderada.
Ejemplos como el Fondo Huruma demuestran las capacidades y oportunidades para desarrollar un ecosistema español de inversión de impacto. El éxito en este empeño es crítico para multiplicar y alinear los recursos necesarios para enfrentar las necesidades compartidas, ahora incrementadas por el efecto de la pandemia, y para que España lidere la gestión de la incorporación del sector privado al logro de los ODS y la Agenda 2030, promoviendo gestores nacionales en el sector privado. Esta política activa conllevaría consecuencias positivas en términos del despliegue de una efectiva diplomacia económica con sectores, geografías y temáticas de interés estratégico para nuestro país, así como para la generación de oportunidades para el tejido empresarial español. Finalmente, tendría un efecto nada desdeñable en la creación de empleo altamente cualificado.
* Artículo de opinión publicado originalmente en el diario Expansión, el 24 de junio de 2020.