Madgy Martínez-Solimán, Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

España es un actor intermedio pero constante de la cooperación financiera al desarrollo. Con la pandemia, ha quedado aún más patente la necesidad de liquidez que tienen muchos Gobiernos de países en desarrollo, buenos pagadores cuyos ingresos se han desplomado, mientras se elevaba su gasto público —un gasto que previsiblemente necesitará inyecciones financieras si quieren no solo atender sus necesidades en salud pública, sino también reactivar sus economías post-COVID.

La volatilidad de la financiación privada a largo plazo convierte a la cooperación financiera multilateral en un instrumento fundamental para compensar el marcado efecto pro cíclico de los fondos privados. La cooperación financiera permite así ofrecer acceso a mercados y financiación a sectores productivos y grupos de población excluidos: los no-bancarizados, las “demasiado-PYMES”, los que viven en desiertos financieros. Estas alianzas pueden traducirse en extraordinarias ganancias en productividad, favoreciendo un modelo de crecimiento más inclusivo.

Por ello, es condición sine qua non que se evalúe el impacto sobre el desarrollo de estas operaciones, en temas como externalidades, estándares medioambientales y sociales, apoyo a la igualdad de género y protección de los derechos humanos. La cooperación financiera no puede ser ni ciega ni insensible ante sus efectos, y ha de escoger sus operaciones con mayor rigor y criterio. En otras palabras, ha de tener como objetivos explícitos la lucha contra la pobreza y la inclusión social.

La consolidación de la cooperación financiera es un instrumento imprescindible para equiparar la política de cooperación española a la de otros países donantes de nuestro entorno. Un punto de inflexión en esta dirección tuvo lugar con la ambiciosa reforma en 2010 cuando la Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) y la de reforma del sistema de apoyo a la internacionalización transformaron el antiguo FAD en dos diferenciados, el FIEM para apoyo a la internacionalización de la economía española y el FONPRODE, Fondo de Apoyo a la Promoción del Desarrollo.

Este fondo, que nos toca gestionar desde la cooperación española, se orienta a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; construir infraestructuras resilientes, promoviendo la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentando la innovación. En esta singladura la AECID cuenta con el apoyo invaluable de COFIDES como asesor financiero y del ICO como agente financiero del Gobierno.

La cooperación financiera con el sector privado se orienta a la inclusión, apoyando el desarrollo de una industria microfinanciera plenamente regulada y que desarrolle la provisión de servicios financieros como cuentas de ahorro, salud, pensiones y microseguros. Trata de asistir a la bancarización en los envíos de remesas para posibilitar una presencia y participación más dinámica de las diásporas en la modernización y desarrollo de sus países de origen. La financiación de las PYME, el llamado missing middle, apoya un sector que encuentra importantes restricciones en su acceso a la financiación, pese a ser el más generador de empleo en las economías en transición.

La cooperación financiera ha sido más conocida en el pasado por apoyar la industrialización, modernización de la agricultura y grandes infraestructuras físicas en los países en desarrollo, con el tradicional apoyo de la financiación con garantía soberana. Al hilo de las crecientes dificultades fiscales de los Gobiernos para desarrollar las infraestructuras requeridas para el crecimiento de sus economías, las Alianzas Público-Privadas (APP) suponen una promesa de captación de inversión y gestión del sector privado en estos sectores. A ello se han venido a sumar nuevos instrumentos como las garantías para apalancar recursos de inversores privados, reduciendo su percepción de riesgo.

El balance del FONPRODE apunta a una consolidación de la cooperación financiera, que pasó de 21 millones de euros en 2017 a 200 millones en 2020, gracias a una política de participación activa en el marco de la cooperación europea y a alianzas con IFIs. La reforma – o refundación – de la cooperación española, emprendida por el Gobierno a instancias de la Ministra de Asuntos Exteriores, planteará, en el contexto de la nueva Ley de Cooperación, una reflexión profunda acerca de la necesidad de una nueva arquitectura de la cooperación financiera española.

Ello conlleva la inaplazable reforma de la Ley del FONPRODE que permita dotar a este instrumento esencial de la acción exterior de mayor flexibilidad, nuevos instrumentos y estructura administrativa, simplificación de procesos y medios humanos y financieros adecuados. La cooperación financiera no es un objetivo en sí, sino un instrumento poderoso de financiación del desarrollo. Tampoco supone una alternativa a la cooperación técnica: para que las operaciones financieras puedan alcanzar sus objetivos de desarrollo es preciso que se inscriban en ambiciosos programas de asistencia técnica. En muchos casos, el blending de loans & grants representa la mejor fórmula para avanzar en objetivos ambiciosos de desarrollo en los países socios.

*Esta publicación forma parte de la Memoria de Actividad y Sostenibilidad 2020 de COFIDES.